BIENES PUBLICOS EN COLOMBIA
los bienes públicos son
un tipo de bienes muy especial que no son susceptibles de comprar ni vender en
ningún mercado, puesto que tienen la característica de ser ‘colectivos’ y cuyo
uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción,
con independencia de que este deba respetar la jurisdicción aprobada al
respecto para protegerlos.
La gestión y/o provisión de
los bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que también pueden ser provistos por el sector privado. Un
ejemplo de bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las
calles, ya que si no se sufragase entre todos los ciudadanos de un municipio, nadie
tendría incentivos privados como para poder hacerlo. Y otro de un bien público
gestionado por una institución privada sería una señal de radio o unos fuegos
artificiales sufragados por una empresa en una convención anual, ya que
podríamos disfrutar de ellos sin pagar y sin poseer la invitación para dicha
convención.
Los bienes públicos
gestionados por el Estado, son una herencia del imperio romano, época de
la historia en la que se empezaron a proveer ciertos bienes y derechos públicos
como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y de los terrenos
municipales, etcétera.
Características
de los bienes públicos
La esencia de un bien público, es decir, la característica que le distingue de
otro que no lo sea son dos propiedades, que sea no rival y no excluyente.
Que sea no rival significa que el uso y/o disfrute por parte de un usuario
adicional no suponga una limitación para el uso y/o disfrute de un usuario que
ya hace uso de él, como por ejemplo una señal de radio, que permite a distintos
usuarios escuchar la sintonía en el mismo momento.
Un ejemplo de bien rival sería
un coche, puesto que cuando lo usa uno de nosotros, otro usuario no puede
hacerlo al mismo tiempo, o el consumo de una porción de tarta cuando solo
contamos con una, ya que al comerla uno de los comensales, disminuye la
cantidad disponible para el resto.
Que sea no excluyente, quiere
decir que no es posible discriminar qué usuarios lo disfrutarán y
quiénes no mediante los precios, puesto que estos no tienen precio, y
cualquier usuario que lo desee puede acceder al uso y disfrute del mismo, con
independencia de que estos contribuyan o no a su mantenimiento y/o protección.
Algunos ejemplos son el viento, la arena de la playa o el olor de un exquisito
pastel al pasar por una panadería.
Los
bienes públicos en nuestras vidasEl ejemplo más común de bien público es la defensa nacional, un servicio de protección garantizado y gestionado por el Estado de la nación, que nos protege frente a amenazas externas, bridándonos a todos nosotros el servicio, y para el cuál es muy difícil excluir a un usuario en concreto.
Un ejemplo de por qué no
podemos excluir a un usuario en concreto es el siguiente, pensemos en que en
nuestro país comienza un conflicto armado contra otra nación, el Estado
trataría de protegernos mediante la defensa nacional, defensa que sería prácticamente
imposible negar al vecino del tercer piso de un edificio, y proteger al
mismo tiempo al resto de los vecinos de la comunidad.
Respecto a este Concepto hay
que tener muy claro que no por el hecho de que un determinado bien o servicio
lo administre el Estado, se trata de un bien público, solo que estos son
gestionados por la administración porque de lo contrario nadie tendría
incentivos para hacerlo.
Debiendo distinguirlos de
los bienes públicos impuros, bienes que provee el Estado así como
instituciones privadas que pueden llegar a limitarse, a reducir su cantidad
disponible o a verse mermada su calidad, y que se ejemplarizan perfectamente en
la educación. Supongamos que un estudiante asiste a más clases que el resto de
los compañeros de su titulación, hecho que no provoca que la cantidad de
educación percibida por los demás disminuya, por lo que en principio no hay
rivalidad en el consumo, siempre y cuando este hecho sea individual y aislado,
pero si este ‘fenómeno’ se extiende, podemos llegar a un punto de masificación
de las universidades, y por tanto disminuir la calidad de la enseñanza
disponible para el resto.
Una de las confusiones más
extendidas al respecto es por ejemplo la Sanidad Pública, un servicio de
naturaleza económica privada, y que en cuyo consumo se pueden excluir a
determinados usuarios, a la par que es rival, porque si se tienen recursos para
hacer una sola intervención quirúrgica no podemos operar a dos pacientes al
mismo tiempo. Siendo otro debate el hecho de que este bien sea provisto por el
Estado, ya sea por las externalidades
positivas que genera, el impacto social, o razones de otro tipo.
Otra cuestión que no siempre
queda clara es la confusión entre los bienes públicos impuros y los bienes
públicos preferentes, que no son bienes públicos puesto que no reúnen
ninguna de sus dos características, siendo más bien bienes de naturaleza
privada, algunos ejemplos son la sanidad, la educación, la vivienda o los
alimentos. Bienes que generan externalidades positivas a la sociedad, y que si
no se gestionasen por el Estado no se podrían proveer en una cantidad óptima
por parte del sector privado, constituyendo uno de los ‘fallos de mercado’ más
significativos.
Principales
problemas de sostenibilidad
Los bienes públicos necesitan de una gestión pública y de un estricto mecanismo de control que garantice su uso y disfrute, así como su sostenibilidad. Para garantizar esto último, debe instrumentalizarse un sistema de derecho y de garantías lo suficientemente represivo como para que todos los usuarios del mercado se impliquen en dicha tarea.
Por ejemplo, si no respetamos
los bosques, los mares o el medio ambiente, podemos excluir a los futuros
habitantes del planeta del uso y disfrute de dichos bienes. Por ello, se debe legislar
en este sentido, y garantizar el respeto a las normas en pro de la consecución
de este fin.
Otra de las problemáticas más
extendidas al respecto es el Problema del Polizón, o ‘free rider’
en la lengua anglosajona, y que reza que es difícil excluir del servicio a
quién o quienes no contribuyan al esfuerzo colectivo para su mantenimiento. Un
ejemplo, al hilo de esta cuestión sería el uso de las autopistas públicas por
parte de aquéllos ciudadanos que no pagan sus impuestos en tiempo y forma,
proporcionando un daño económico y de disponibilidad de los recursos públicos a
quienes si contribuyen a su financiación.
Este problema supone un ‘daño’
tremendo para los intereses colectivos, porque al esquivar estos usuarios
‘gratuitos’ el esfuerzo colectivo para su financiación o mantenimiento,
supone que esta carga no satisfecha incrementará el esfuerzo que los ciudadanos
contribuyentes han de satisfacer para garantizar su viabilidad.
Perspectivas,
viabilidad y conclusiones
En los últimos años, en la medida que se han ido agudizando los problemas fiscales y presupuestarios de los Estados, han ido tomando impulso ciertas iniciativas en contra de la colectividad de las cargas tributarias, olvidando algunos que las cargas públicas se basan en dos principios, la equidad y la igualdad. No contemplando que aunque no se demanden servicios educativos o sanitarios por parte de algunos usuarios potenciales, todos utilizamos en mayor o menor medida el transporte público, la red de carreteras y la defensa nacional.
Por todo ello, los
gobiernos deben promover una gestión a largo plazo y sostenible de los bienes
públicos para no caer en este engaño, máxime cuando estos escapan al mercado,
y si no se cuidan, pueden llegar a desaparecer.
MAS RESPETO CON LOS DINEROS PUBLICOS Y CON
COLOMBIA
POR: RAMON PALACIO BETTER
Combatir la corrupción es y será siempre un
innegable objetivo de legitimidad incuestionable. Claro que, para lograrlo hace
falta mucho más que el mero enunciado de los buenos propósitos que expresan
nuestros gobernantes. Además se requieren en primer lugar, conocer a profundidad
los mecanismos que favorecen las practicas corruptas. Luego, tener la decisión
política de aprovechar la información disponible para desactivar los sistemas
que desnaturalizan la función del Estado y provocan los desvíos de enormes
cantidades de dinero desde las arcas del tesoro publico hacia los bolsillos de
los particulares.
En la administración de las instituciones
publicas que incentivan la corrupción, se detectan de inmediato: la ausencia de
unos controles adecuados, la falta de restricciones en la discrecionalidad de
los funcionarios para disponer o solicitar recursos públicos y la falta de
transparencia y visibilidad para el acceso publico a la información de lo que el
Estado hace. Estos mecanismos se deben verificar durante las distintas etapas
del procedimiento administrativo. En la planificación de las necesidades de la
administración, se deben utilizar unos estudios técnicos, que determinen las
cantidades y calidades que requiere cada gestión publica.
El poder ejecutivo nacional debe intervenir de
inmediato con la mira puesta en desentrañar las practicas que impiden en
nuestras regiones la transparencia de las gestiones publicas. En las ciudades
del Caribe Colombiano, existen claros costados y túneles ampliamente vulnerables
en la administración publica por donde se detectan evidentes irregularidades
puntuales y raros procedimientos, por donde se cuela la corrupción y las
delictivas practicas que la hacen posible. La falta de planes de compras
coherentes, usos excesivos de la contratación directa, ausencia de modelos
estándares y transparentes para la elaboración de los pliegos licitatorios, la
tecnocracia, la contratocracia, la burocracia; y evitar así, beneficiar a unos
cuantos y determinados proveedores, contratistas y amigos, exclusivamente.
El libre acceso que los funcionarios tienen hoy
para acceder a los recursos públicos en dinero. Por lo visto, parece ser es el
principal incentivo de la corrupción existente.
Por estas acciones, debemos mejorar las
informaciones y accesos a estos a los recursos públicos, facilitando auditorias
y serias veedurías que protejan y acoten
las posibles comisiones de irregularidades, que diseñan los corruptos.
Obviamente, no hay ni existen métodos infalibles para prevenir las
irregularidades de la corrupción y los delitos, ya sea en el sector publico o
privado, pero si debemos contar con unos serios sistemas de prevención y severas
sanciones, de manera que conviertan en estratégicos para lograr cambiar estas
negativas practicas de corrupción enquistadas en nuestros sistemas públicos y
privados durante largos años.
Es oportuno recordarle a la ciudadanía y también
al gobierno de Andrés Pastrana, que en las ultimas elecciones la ciudadanía se
manifestó en forma inequívoca, en contra de la corrupción y a favor de una
administración Estatal honesta y transparente; que es tarea del gobierno como de
la oposición cumplir con el mandato ciudadano que difundió por todos los
rincones del país. La corrupción debe ser una de las principales preocupaciones
de nuestros gobernantes, si bien es cierto que las Autoridades de Control han
emprendido unas tareas inconfundibles para investigar, enjuiciar y castigar a
los corruptos, también es muy cierto que la mayoría de ellos, aun andan por las
ciudades del país, sin preocupación alguna.
De que nos sirven, las investigaciones y
sanciones que se llevan a cabo para quienes cometen actos de corrupción
administrativa, si las condenas son negociadas finalmente, restándole unos
tiempos a la penalización que dispone originalmente la ley, al acogerse a
sentencias anticipadas, colaboración con la justicia y otras cosas mas, para
disminuirle considerablemente el tiempo real que debe estar en la cárcel, y
poder salir lo mas pronto posible. No es justo. Al final del cuento solo asiste
3 a 6 años, y con toda la plata en el bolsillo al salir.
No hay ningún registro en la historia de nuestro
país, de un consenso tan generalizado en cuanto a la necesidad de emprender unas
políticas de Estado, eficaces, severas, ejemplarizantes y suficientes, para la
lucha contra el uso privado de los Recursos Públicos y a favor de los Valores y
Bienes que son de propiedad de todos los Colombianos, y no de unos cuantos
corruptos. El compromiso con la transparencia en la función publica, pasada,
presente y futura, es la principal esencia moral de las actuaciones del pueblo
ante el Estado, y en donde los organismos de Control y Vigilancia Administrativa
deben actuar sin dilucidación alguna, por tan vergonzosos hechos que impliquen a
funcionarios públicos, ni tener ninguna posibilidad de tapar ningún otro hecho o
denuncia, porque no implica un hecho de corrupción, o bien porque están fuera de
su competencia, por lo cual son desestimadas, archivadas o remitidas al área
competente.
Nuestro país, ni nuestras regiones ganaría nada
con un control de corrupción dependiente o ineficaz. La sociedad Colombiana se
vería derrotada en una batalla crucial y seria su principal víctima, como bien
que ya hemos perdido inmensas fortunas en dinero y fundamentalmente en valores
morales. Nunca antes y hasta ahora, la administración publica había sido sujeta
a unos esquemas de control y vigilancia tan exhaustivos y públicos. En el éxito
de estas instituciones anticorrupcion se cifra un anhelo, no de un gobierno sino
de una sociedad. Y de esto participan, periodistas, funcionarios, legisladores y
jueces, que han sabido estar hoy a la altura, en estas heroicas y convenientes
tareas de construir la nueva Colombia
del respeto.
