BIENES PUBLICOS

BIENES PUBLICOS EN COLOMBIA

 

los bienes públicos son un tipo de bienes muy especial que no son susceptibles de comprar ni vender en ningún mercado, puesto que tienen la característica de ser ‘colectivos’ y cuyo uso y disfrute puede llevarse a cabo por cualquier ciudadano sin distinción, con independencia de que este deba respetar la jurisdicción aprobada al respecto para protegerlos.

La gestión y/o provisión de los bienes públicos no es exclusiva del Estado, sino que también pueden ser provistos por el sector privado. Un ejemplo de bien público provisto por el Estado sería el alumbrado de las calles, ya que si no se sufragase entre todos los ciudadanos de un municipio, nadie tendría incentivos privados como para poder hacerlo. Y otro de un bien público gestionado por una institución privada sería una señal de radio o unos fuegos artificiales sufragados por una empresa en una convención anual, ya que podríamos disfrutar de ellos sin pagar y sin poseer la invitación para dicha convención.

Los bienes públicos gestionados por el Estado, son una herencia del imperio romano, época de la historia en la que se empezaron a proveer ciertos bienes y derechos públicos como la seguridad ciudadana, la justicia, la gestión del agua y de los terrenos municipales, etcétera.

Características de los bienes públicos

La esencia de un bien público, es decir, la característica que le distingue de otro que no lo sea son dos propiedades, que sea no rival y no excluyente. Que sea no rival significa que el uso y/o disfrute por parte de un usuario adicional no suponga una limitación para el uso y/o disfrute de un usuario que ya hace uso de él, como por ejemplo una señal de radio, que permite a distintos usuarios escuchar la sintonía en el mismo momento.

Un ejemplo de bien rival sería un coche, puesto que cuando lo usa uno de nosotros, otro usuario no puede hacerlo al mismo tiempo, o el consumo de una porción de tarta cuando solo contamos con una, ya que al comerla uno de los comensales, disminuye la cantidad disponible para el resto.

Que sea no excluyente, quiere decir que no es posible discriminar qué usuarios lo disfrutarán y quiénes no mediante los precios, puesto que estos no tienen precio, y cualquier usuario que lo desee puede acceder al uso y disfrute del mismo, con independencia de que estos contribuyan o no a su mantenimiento y/o protección. Algunos ejemplos son el viento, la arena de la playa o el olor de un exquisito pastel al pasar por una panadería.

Los bienes públicos en nuestras vidas

El ejemplo más común de bien público es la defensa nacional, un servicio de protección garantizado y gestionado por el Estado de la nación, que nos protege frente a amenazas externas, bridándonos a todos nosotros el servicio, y para el cuál es muy difícil excluir a un usuario en concreto.

Un ejemplo de por qué no podemos excluir a un usuario en concreto es el siguiente, pensemos en que en nuestro país comienza un conflicto armado contra otra nación, el Estado trataría de protegernos mediante la defensa nacional, defensa que sería prácticamente imposible negar al vecino del tercer piso de un edificio, y proteger al mismo tiempo al resto de los vecinos de la comunidad.

Respecto a este Concepto hay que tener muy claro que no por el hecho de que un determinado bien o servicio lo administre el Estado, se trata de un bien público, solo que estos son gestionados por la administración porque de lo contrario nadie tendría incentivos para hacerlo.

Debiendo distinguirlos de los bienes públicos impuros, bienes que provee el Estado así como instituciones privadas que pueden llegar a limitarse, a reducir su cantidad disponible o a verse mermada su calidad, y que se ejemplarizan perfectamente en la educación. Supongamos que un estudiante asiste a más clases que el resto de los compañeros de su titulación, hecho que no provoca que la cantidad de educación percibida por los demás disminuya, por lo que en principio no hay rivalidad en el consumo, siempre y cuando este hecho sea individual y aislado, pero si este ‘fenómeno’ se extiende, podemos llegar a un punto de masificación de las universidades, y por tanto disminuir la calidad de la enseñanza disponible para el resto.

Una de las confusiones más extendidas al respecto es por ejemplo la Sanidad Pública, un servicio de naturaleza económica privada, y que en cuyo consumo se pueden excluir a determinados usuarios, a la par que es rival, porque si se tienen recursos para hacer una sola intervención quirúrgica no podemos operar a dos pacientes al mismo tiempo. Siendo otro debate el hecho de que este bien sea provisto por el Estado, ya sea por las externalidades positivas que genera, el impacto social, o razones de otro tipo.

Otra cuestión que no siempre queda clara es la confusión entre los bienes públicos impuros y los bienes públicos preferentes, que no son bienes públicos puesto que no reúnen ninguna de sus dos características, siendo más bien bienes de naturaleza privada, algunos ejemplos son la sanidad, la educación, la vivienda o los alimentos. Bienes que generan externalidades positivas a la sociedad, y que si no se gestionasen por el Estado no se podrían proveer en una cantidad óptima por parte del sector privado, constituyendo uno de los ‘fallos de mercado’ más significativos.

Principales problemas de sostenibilidad

Los bienes públicos necesitan de una gestión pública y de un estricto mecanismo de control que garantice su uso y disfrute, así como su sostenibilidad. Para garantizar esto último, debe instrumentalizarse un sistema de derecho y de garantías lo suficientemente represivo como para que todos los usuarios del mercado se impliquen en dicha tarea.

Por ejemplo, si no respetamos los bosques, los mares o el medio ambiente, podemos excluir a los futuros habitantes del planeta del uso y disfrute de dichos bienes. Por ello, se debe legislar en este sentido, y garantizar el respeto a las normas en pro de la consecución de este fin.

Otra de las problemáticas más extendidas al respecto es el Problema del Polizón, o ‘free rider’ en la lengua anglosajona, y que reza que es difícil excluir del servicio a quién o quienes no contribuyan al esfuerzo colectivo para su mantenimiento. Un ejemplo, al hilo de esta cuestión sería el uso de las autopistas públicas por parte de aquéllos ciudadanos que no pagan sus impuestos en tiempo y forma, proporcionando un daño económico y de disponibilidad de los recursos públicos a quienes si contribuyen a su financiación.

Este problema supone un ‘daño’ tremendo para los intereses colectivos, porque al esquivar estos usuarios ‘gratuitos’ el esfuerzo colectivo para su financiación o mantenimiento, supone que esta carga no satisfecha incrementará el esfuerzo que los ciudadanos contribuyentes han de satisfacer para garantizar su viabilidad.

Perspectivas, viabilidad y conclusiones

En los últimos años, en la medida que se han ido agudizando los problemas fiscales y presupuestarios de los Estados, han ido tomando impulso ciertas iniciativas en contra de la colectividad de las cargas tributarias, olvidando algunos que las cargas públicas se basan en dos principios, la equidad y la igualdad. No contemplando que aunque no se demanden servicios educativos o sanitarios por parte de algunos usuarios potenciales, todos utilizamos en mayor o menor medida el transporte público, la red de carreteras y la defensa nacional.

Por todo ello, los gobiernos deben promover una gestión a largo plazo y sostenible de los bienes públicos para no caer en este engaño, máxime cuando estos escapan al mercado, y si no se cuidan, pueden llegar a desaparecer.

MAS RESPETO CON LOS DINEROS PUBLICOS Y CON COLOMBIA

POR: RAMON PALACIO BETTER

Combatir la corrupción es y será siempre un innegable objetivo de legitimidad incuestionable. Claro que, para lograrlo hace falta mucho más que el mero enunciado de los buenos propósitos que expresan nuestros gobernantes. Además se requieren en primer lugar, conocer a profundidad los mecanismos que favorecen las practicas corruptas. Luego, tener la decisión política de aprovechar la información disponible para desactivar los sistemas que desnaturalizan la función del Estado y provocan los desvíos de enormes cantidades de dinero desde las arcas del tesoro publico hacia los bolsillos de los particulares.

En la administración de las instituciones publicas que incentivan la corrupción, se detectan de inmediato: la ausencia de unos controles adecuados, la falta de restricciones en la discrecionalidad de los funcionarios para disponer o solicitar recursos públicos y la falta de transparencia y visibilidad para el acceso publico a la información de lo que el Estado hace. Estos mecanismos se deben verificar durante las distintas etapas del procedimiento administrativo. En la planificación de las necesidades de la administración, se deben utilizar unos estudios técnicos, que determinen las cantidades y calidades que requiere cada gestión publica.

El poder ejecutivo nacional debe intervenir de inmediato con la mira puesta en desentrañar las practicas que impiden en nuestras regiones la transparencia de las gestiones publicas. En las ciudades del Caribe Colombiano, existen claros costados y túneles ampliamente vulnerables en la administración publica por donde se detectan evidentes irregularidades puntuales y raros procedimientos, por donde se cuela la corrupción y las delictivas practicas que la hacen posible. La falta de planes de compras coherentes, usos excesivos de la contratación directa, ausencia de modelos estándares y transparentes para la elaboración de los pliegos licitatorios, la tecnocracia, la contratocracia, la burocracia; y evitar así, beneficiar a unos cuantos y determinados proveedores, contratistas y amigos, exclusivamente.

El libre acceso que los funcionarios tienen hoy para acceder a los recursos públicos en dinero. Por lo visto, parece ser es el principal incentivo de la corrupción existente.

Por estas acciones, debemos mejorar las informaciones y accesos a estos a los recursos públicos, facilitando auditorias y serias veedurías que protejan y acoten las posibles comisiones de irregularidades, que diseñan los corruptos. Obviamente, no hay ni existen métodos infalibles para prevenir las irregularidades de la corrupción y los delitos, ya sea en el sector publico o privado, pero si debemos contar con unos serios sistemas de prevención y severas sanciones, de manera que conviertan en estratégicos para lograr cambiar estas negativas practicas de corrupción enquistadas en nuestros sistemas públicos y privados durante largos años.

Es oportuno recordarle a la ciudadanía y también al gobierno de Andrés Pastrana, que en las ultimas elecciones la ciudadanía se manifestó en forma inequívoca, en contra de la corrupción y a favor de una administración Estatal honesta y transparente; que es tarea del gobierno como de la oposición cumplir con el mandato ciudadano que difundió por todos los rincones del país. La corrupción debe ser una de las principales preocupaciones de nuestros gobernantes, si bien es cierto que las Autoridades de Control han emprendido unas tareas inconfundibles para investigar, enjuiciar y castigar a los corruptos, también es muy cierto que la mayoría de ellos, aun andan por las ciudades del país, sin preocupación alguna.

De que nos sirven, las investigaciones y sanciones que se llevan a cabo para quienes cometen actos de corrupción administrativa, si las condenas son negociadas finalmente, restándole unos tiempos a la penalización que dispone originalmente la ley, al acogerse a sentencias anticipadas, colaboración con la justicia y otras cosas mas, para disminuirle considerablemente el tiempo real que debe estar en la cárcel, y poder salir lo mas pronto posible. No es justo. Al final del cuento solo asiste 3 a 6 años, y con toda la plata en el bolsillo al salir.

No hay ningún registro en la historia de nuestro país, de un consenso tan generalizado en cuanto a la necesidad de emprender unas políticas de Estado, eficaces, severas, ejemplarizantes y suficientes, para la lucha contra el uso privado de los Recursos Públicos y a favor de los Valores y Bienes que son de propiedad de todos los Colombianos, y no de unos cuantos corruptos. El compromiso con la transparencia en la función publica, pasada, presente y futura, es la principal esencia moral de las actuaciones del pueblo ante el Estado, y en donde los organismos de Control y Vigilancia Administrativa deben actuar sin dilucidación alguna, por tan vergonzosos hechos que impliquen a funcionarios públicos, ni tener ninguna posibilidad de tapar ningún otro hecho o denuncia, porque no implica un hecho de corrupción, o bien porque están fuera de su competencia, por lo cual son desestimadas, archivadas o remitidas al área competente.

Nuestro país, ni nuestras regiones ganaría nada con un control de corrupción dependiente o ineficaz. La sociedad Colombiana se vería derrotada en una batalla crucial y seria su principal víctima, como bien que ya hemos perdido inmensas fortunas en dinero y fundamentalmente en valores morales. Nunca antes y hasta ahora, la administración publica había sido sujeta a unos esquemas de control y vigilancia tan exhaustivos y públicos. En el éxito de estas instituciones anticorrupcion se cifra un anhelo, no de un gobierno sino de una sociedad. Y de esto participan, periodistas, funcionarios, legisladores y jueces, que han sabido estar hoy a la altura, en estas heroicas y convenientes tareas de construir la nueva Colombia del respeto.